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Boletín de prensa 23 de septiembre de 2011
GOBIERNO Y WAYUUS ACUERDAN CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
El ministro del Interior (e.) Aurelio Iragorri Valencia y una representante de la comunidad wayuu
Entre los puntos tratados está el de crear un espacio para manejar la problemática de esta etnia.
El Ministro del Interior encargado, Aurelio Iragorri Valencia, y los delegados del Primer Congreso de Autoridades Tradicionales Wayuu acordaron este jueves la creación de una Mesa de Diálogo y Concertación que tratará las problemáticas específicas de las comunidades que conforman dicha etnia.
Entre los puntos tratados fue ratificada la competencia de la Mesa Permanente de Concertación, creada por el decreto 1396 de 1997, para el manejo de los temas de carácter nacional en relación con los pueblos indígenas, lo mismo que la necesidad de crear un espacio para manejar las diferentes problemáticas específicas de los wayuu, como un Plan de Salvaguarda y otras particularidades.
El Ministro encargado aclaró que, si bien desde el mes de marzo existía un compromiso específico con este pueblo, la mesa no se había podido crear debido a diferencias internas de la comunidad Wayuu, relacionadas con asuntos de procedimiento y representación.
Sin embargo, tras esta reunión, la sexta, el Ministro del Interior encargado y las autoridades del pueblo wayuu acordaron que la Mesa de Diálogo y Concertación del pueblo Wayuú entrara en vigencia.
Al término de la reunión, el palabrero y autoridad tradicional de su clan, Juan Cambar Pushaina, expresó su satisfacción por el acuerdo con el Gobierno y manifestó que: "el Ministro del Interior es un hombre de palabra, porque es un hombre que cumple. Como autoridad y delegado de la mesa, lo que puedo decir es que ya nos cumplieron".
EL ESPECTADOR
CORTE CONSTITUCIONAL EXIGIÓ EXPLICACIONES SOBRE LICITACIÓN DE 'DOÑA JUANA'
El alto tribunal le solicitó a la Uaesp presentar los documentos relacionados con el proceso licitatorio para el manejo del relleno sanitario.
Por medio de un auto, la Corte Constitucional le advirtió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) que presente todos los documentos relacionados con la integración de organizaciones de recicladores dentro del programa de licitación para el manejo del relleno sanitario de Doña Juana ubicado en Bogotá.
Según el alto tribunal la entidad no han respondido todos los interrogantes que rodean el proceso licitatorio que fue suspendido por la Corte al encontrar graves falencias en estos punts.
En su solicitud, la Corporación señaló que el que no está claro en qué etapas está dividido y cómo funciona el proceso de aprovechamiento de residuos sólidos y en cuál de estas etapas intervienen los recicladores y los operadores.
Así mismo la Sala de Seguimiento le pide a la Uaesp que explique durante los ocho años que dura la concesión, cómo se dividirán las utilidades entre los miembros de las empresas prestadoras del servicio público de aseo.
De igual manera la Corte Constitucional le pregunta a la Uaesp, sobre los criterios que tiene para clasificar a las organizaciones de recicladores, para que estas puedan tener participación en la licitación 001 de 2011, así como los criterios que utilizó para verificar que las organizaciones de recicladores beneficiadas dentro de la puja efectivamente sean de segundo nivel.
Las respuestas y la documentación deberán ser entregadas en el menor tiempo posible, pues este es el segundo requerimiento que la Corte le hace a la Uae
REVISTA SEMANA
CONSTITUCIÓN RECONOCERÍA EXISTENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
El debate que estuvo a punto de obstaculizar la Ley de Víctimas, se revive en el proyecto que busca crear un 'marco jurídico para la paz'. Para unos, podría cambiar el estatus de los grupos ilegales. Otros consideran que no tendrá consecuencias jurídicas. Controversia.
Si el Congreso aprueba el llamado ‘marco jurídico para la paz’, el proyecto presentado por el senador Roy Barreras (como presidente de la Comisión de Paz) y al que el presidente Juan Manuel Santos le dio “luz verde”, por primera vez la Constitución colombiana reconocería explícitamente que en Colombia hay un conflicto armado interno.
Aunque el debate sobre el reconocimiento del conflicto interno parecía zanjado con la aprobación de la ley de reparación a las víctimas, esta nueva propuesta empieza a generar controversia en el Congreso por las consecuencias que podría traer para el país que la Constitución, la ley de leyes, hiciera reconocimiento explícito de este conflicto.
El proyecto de Barreras propone crear un artículo transitorio en la Constitución que establezca que “los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos serán temporales y excepcionales”.
Pero ¿qué consecuencias tendría que la Constitución reconociera el conflicto? Por un lado, hay quienes insisten en la tesis que si la Constitución reconoce el conflicto se abrirían las puertas para que los grupos ilegales dejaran de ser considerados terroristas. Otros aseguran que el reconocimiento del conflicto en nada modificaría el estatus de las guerrillas.
La tesis que defiende el senador Juan Carlos Vélez (La U) es que en Colombia no hay un conflicto armado. Lo que existe es una amenaza terrorista, y por eso considera que si la Constitución reconoce explícitamente el conflicto sería darle estatus de beligerancia a las FARC y al ELN.
Vélez, además, considera que si se reconoce el conflicto en la Constitución, un atentado de las guerrillas en los que murieran miembros de la fuerza pública, “conduciría a que los guerrilleros dejarían de responder por homicidio sino que sus delitos serían considerados como acción de combate”. Y si las acciones de la guerrilla atentan contra la población civil, según el senador, podrían ser consideradas como “daños colaterales”.
El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal) considera que al igual que en la discusión de la Ley de Víctimas, sólo significa que la Constitución reconoce una realidad que vive el país y que no tendría mayores consecuencias.
“Jurídicamente –dice Cristo– no significará ningún cambio en el estatus de los grupos armados ilegales. No permite que se les otorguen el reconocimiento de fuerzas beligerantes”.
El presidente del Partido Conservador, senador José Darío Salazar, tiene otra lectura sobre las consecuencias del reconocimiento del conflicto. “Si lo consagra la Constitución permitirá al Ejército combatir a las guerrillas”, sostiene.
Salazar también considera que a pesar del reconocimiento, las guerrillas no podrían cambiar su estatus ni Colombia sería considerado un estado fallido, puesto que los grupos ilegales “no tienen soberanía territorial” y por eso ningún otro Estado puede darles reconocimiento. “Además, en Colombia las guerrillas no tienen combates continuados ni permanentes”.
El autor del proyecto, el senador Roy Barreras (La U), aclara que sólo se trata de un artículo transitorio que tendría la Constitución con el “único propósito” de ponerle fin al conflicto. “Terminado el conflicto, desaparece el artículo”, explica.
Para el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, la consecuencia de que la Carta Política reconozca el conflicto sólo implica que servirá de fundamento para la adopción de medidas de carácter legislativo y gubernamental conducentes a poner fin al conflicto. “Habría que preguntarse hasta dónde y qué facultades otorga para reglamentar ese artículo transitorio”.
Beltrán dice que esta iniciativa tiene como más reciente antecedente el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 conducente a poner fin a la violencia de los años 40 y 50 del siglo pasado, y que dio origen al Frente Nacional.
Dicho plebiscito creó “instituciones transitorias,” en principio por 12 años que se extendieron a 16, “para buscar lo que en ese entonces se conoció como la paz política”.
El exmagistrado Beltrán considera que una cosa es el reconocimiento del conflicto con el propósito de superarlo, y otra diferente es el reconocimiento del estatus de grupos ilegales.
Este debate que estuvo a punto de entorpecer el trámite de la Ley de Víctimas podrá revivirse en la discusión de este nuevo proyecto que busca instrumentos jurídicos para conseguir la paz.
ESTUDIO REVELA LA DIFÍCIL SITUACIÓN LABORAL QUE VIVEN LOS COLOMBIANOS CON VIH
Según la investigación, el rechazo social ha estimulado la autoestigmatización de las personas con VIH/SIDA, quienes se excluyen de espacios y relaciones sociales e íntimas por sentimientos de temor, vergüenza y depresión.
Según un informe de la Universidad Nacional, por el estigma y la discriminación que viven estas personas, el 30 por ciento de ellas están desempleadas y el 40 por ciento cuentan con un empleo informal.
La primera investigación en el país que mide el perjuicio contra las personas portadoras del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y que padecen el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) fue realizada por la Universidad Nacional de Colombia.
En el estudio, liderado por el psicólogo e investigador Juan Simbaqueba, se realizaron entrevistas a 980 personas con VIH/SIDA, procedentes de Bogotá, la Costa Atlántica, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Antioquia, Santander y Norte de Santander.
Se les preguntó la edad, la orientación sexual, el nivel de educación, el estado civil, los ingresos, la situación laboral y sobre el acceso a la salud. Con las respuestas se determinó que el estigma relacionado con el VIH/SIDA es un "limitante para garantizar el acceso de estas personas a los servicios esenciales básicos de salud y bienestar social".
Simbaqueba precisa que al 29 por ciento de los entrevistados le han negado alguna vez el acceso a servicios de salud.
Frente a la situación laboral, el psicólogo destaca que el 30 por ciento de las personas con VIH están desempleadas y el 40 por ciento cuentan con un empleo informal. Además, agrega que una de cada cuatro personas entrevistadas fue agredida físicamente durante el último año.
Según la investigación, el rechazo social ha estimulado la autoestigmatización de las personas con VIH/SIDA, quienes se excluyen de espacios y relaciones sociales e íntimas por sentimientos de temor, vergüenza y depresión.
Simbaqueba explica que el 50 por ciento de los pacientes entrevistados se culpa a sí mismo de su enfermedad, el 38 por ciento tiene baja autoestima, el 37 por ciento siente vergüenza y el 19 experimenta sentimientos suicidas. "Son sentimientos propios suscitados por presiones negativas del entorno", precisa.
La idea de medir el prejuicio relacionado con los pacientes con VIH/SIDA creció de la relación profesional entre el investigador Juan Simbaqueba y algunas redes internacionales dedicadas al estudio y protección de este grupo poblacional.
Se trata de la Red Colombiana de Personas que Viven con VIH (Recolvih), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (Onusida) y el Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (Ifarma).
Las metas de la investigación no sólo son académicas, según Simbaqueba, las intenciones son políticas y de cambio: "queremos que el ejercicio investigativo sea una herramienta para hacer incidencia política".
Así se realizó la investigación
Los protocolos de la investigación se realizaron en el año 2009. Luego, entre mayo y noviembre del 2010, se cumplió con el trabajo de campo -recolección de datos y entrevistas-. El análisis de los resultados se ejecutó de diciembre del 2009 a febrero del 2010, y en septiembre se publicó el estudio. En el proceso de investigación participaron tres psicólogos especialistas en psicología comunitaria y salud pública, y una profesional de enfermería.
El psicólogo Simbaqueba relata que en el inicio del ejercicio había "mucha expectativa". "La discriminación siempre había sido la disculpa perfecta para excusar la ineficacia de muchos programas de atención a las personas con VIH/SIDA. Sin embargo, no habían cifras y por eso hicimos el estudio", explica.
El docente señala que una de las situaciones más difíciles dentro del ejercicio fue la atención y el cuidado a los entrevistadores. "El requisito de la investigación era que los 20 entrevistadores tuvieran VIH para que los entrevistados hablaran más fácil. En esta situación, muchos entrevistadores se reventaban de escuchar cosas feas", recuerda.
Precisamente, junto con la publicación de la investigación se lanzó el libro Voces positivas, que reúne las historias de vida de nueve entrevistadores, donde dicen, según Simbaqueba, que "hay que parar la discriminación y aclaran que no son sujetos nocivos".
"Al finalizar el estudio la situación no deja de ser frustrante. Hay una situación de fragilidad laboral difícil. Recuerdo que un vendedor ambulante en Pereira contaba que cada mes tenía que vender sus medicamentos para pagar la pieza donde dormía", cuenta Simbaqueba.
Para Franklin Gil, colaborador e investigador de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, una de las causas de la discriminación social es el desconocimiento sobre el contagio del virus: “mucha gente piensa que el VIH se contagia por contacto, vivir con una persona, compartir alimentos con ella, utensilios, darle la mano, etc., y eso científicamente no tiene sentido”. Gil apunta que debe invertirse en estrategias de comunicación para desvirtuar los mitos.
Cuando se investiga...
Simbaqueba, quien lleva diez años indagando temas relacionados con el VIH/SIDA, afirma que todavía es muy difícil la investigación: "no deja de ser estigmatizante".
Agrega que el "acceso a la población afectada no es nada sencillo, y menos en lugares donde hay amenazas de muerte contra las personas que tienen el virus". El investigador recuerda en ese sentido una experiencia en el Putumayo, donde trabajó durante un año con la Organización de Naciones Unidas. "Conocimos casos de trabajadoras sexuales a quienes los paramilitares les quemaron sus genitales con ácido por la sospecha de que tenían VIH. También se presentaban casos de desplazamiento forzado por el hecho de vivir con el VIH".
El psicólogo también relata la historia de un coordinador de un proyecto de Barranquilla relacionado con personas portadoras del virus, que tuvo que salir del país por amenazas: "Paramilitares le pedían al coordinador los resultados de los exámenes de VIH y por no concederlos, tuvo que huir del país".
El jefe del estudio sostiene que el tema sigue siendo un tabú y que "el conflicto armado y el VIH" es una temática "novedosa" en la agenda de los medios.
"Minprotección está ausente"
Simbaqueba hace un llamado de atención al Estado para que comience cuanto antes "procesos reales de educación formal para los profesionales de salud y así se genere una atención integral a los pacientes con VIH".
"Es evidente la ausencia del Ministerio de la Protección Social, que no aparece ni asume una responsabilidad. Seguimos sin tener una política o un proyecto que le dé línea a las personas sobre el tema de la sexualidad. En la sociedad hay mucha desinformación y por eso se sigue teniendo miedo", reclama el docente.
Finalmente, el estudio pide al Estado romper con los estigmas "que impiden el acceso a programas de prevención y a tratamientos de salud para las personas que viven con VIH". Además, sostiene que las actividades de asesoría y apoyo en salud deben enfocarse no solo en el paciente sino en todos las miembros de su núcleo familiar.
HISTORIA DE PROMESAS Y BOMBAS: EL GOBIERNO DE LAS CÁRCELES EN COLOMBIA
Por David Martínez Osorio*
Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.
Las cárceles colombianas no son confortables; más bien tienen problemas de hacinamiento principalmente debido a las limitaciones fiscales. Eso fue lo que el presidente Turbay Ayala le manifestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de abril de 1980. Y agregó: “se hará una inversión sustancial en el presupuesto nacional, destinada a manejar la situación de los centros penitenciarios”.
Durante tres décadas ese discurso gubernamental se repitió como un “disco rayado”, aunque hay que reconocer que también se sofisticó. Su repetición siempre ha estado asociada a la idea de la cárcel como “bomba de tiempo”. En 1997, esa imagen explosiva la usaron Rafael Santos y Nelson Freddy Padilla. Hace 14 años me pregunté: ¿quién puso la “bomba”?
Durante el primer semestre de 1997, fue común la publicación de fotografías de privados de la libertad en las azoteas de las prisiones en los principales medios impresos de comunicación. Fueron aproximadamente 60 protestas de prisioneros que reclamaban una solución al hacinamiento: Bellavista de Medellín registraba una tasa del 432%, Villahermosa de Cali una de 375% y La Modelo de Bogotá otra de 323%. El entonces ministro de Justicia y del Derecho, Carlos Medellín, declaró que a pesar de que los recursos para nuevas cárceles habían sido insuficientes, en 1999 existirían 13.800 nuevos cupos.
En agosto de 2001, la situación en las prisiones era un poco más compleja: los asesinatos, las desapariciones forzadas y los secuestros se habían convertido en práctica común en las más importantes cárceles del país. El entonces ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González, fue contundente con el espejo retrovisor: “las anteriores administraciones no se preocuparon por construir nuevas cárceles y penitenciarías para atender la creciente demanda de cupos”. Y sus promesas casi se duplicaron respecto a la administración anterior: anunció que habilitaría un total de 24.628 nuevos cupos en las prisiones.
Según mis cuentas, al ministro Medellín le hicieron falta el 60,94% y al ministro González el 46,57% de los nuevos cupos prometidos. Respecto a la administración del presidente Uribe, la Contraloría (2010) reconoció los avances en materia de construcción ?aunque recientemente se refirió a sobrecostos de los principales contratos?, pero advirtió que el hacinamiento “hoy alcanza una cifra superior al 40%, situación muy similar a la vivida en la década del noventa”.
De vuelta a 1998. Todo señala que el plan de construcciones y refacciones que entonces la Corte Constitucional le ordenó adoptar y aplicar al Gobierno fue un fracaso. Un círculo que se encierra a sí mismo, vulgarmente vicioso. Quizás esa sea la mejor imagen que sirva para representar el principal discurso gubernamental sobre las prisiones colombianas. Promesas de aumento de cupos para que no estalle la “bomba” o siga estallando sin hacer ruido. La administración del presidente Santos está en posibilidad de “traicionar” esa tradición carcelaria colombiana dejando de inventar cupos carcelarios que sólo existen en el papel. Si quiere ser serio, no caben más promesas de construcciones, ni justificaciones sobre ausencia de recursos económicos.
Tomarse en serio las prisiones implica analizar con sensatez la realidad. Entre 1995 y 2010, la población carcelaria recluida en las prisiones administradas por el Inpec casi se triplica: pasó de 33.258 a 80.500 personas privadas de libertad, es decir, aumentó en un 242,05%. El aumento vertiginoso de la población que es sometida a prisión es la verdadera “bomba”.
La sociedad colombiana quiere tener más presos porque considera que la cárcel es como la varita mágica de Harry Potter: la solución definitiva a la existencia del Mal (Voldemort) y todos los pequeños males que aquejan la convivencia. Y el Gobierno responde al creciente deseo de seguridad: expidió la ley de seguridad ciudadana y continúa estudiando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de delitos, de tal manera que sectores de una nueva franja de población irán a parar a las prisiones de adultos. Ministro Esguerra, ¿el Gobierno ya previó como dispondrá de nuevos recursos para atender a una “clientela” que seguirá creciendo?
Quizás valdría la pena decirle al país que intensificar el uso de la cárcel, tal como ocurrió en Estados Unidos entre 1975 y 2000, cuando la población total aumentó en un 509% (de 379.393 a 1.931.850 presos), vale una platica. Después habrá que asegurar que esa platica se invierta bien. Y ojalá que con el paso de los años la platica no se considere insuficiente, cuando un tribunal judicial decida que la única medida posible es la excarcelación de presos, tal como lo acaba de decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto a las prisiones de California esgrimiendo, entre otras razones, que es “posible reducir la población, en una forma que preserve la seguridad pública y la operación del sistema de justicia criminal”.
Todavía recuerdo la vehemencia del ministro González: “Coja de aquí para atrás todos los ministros hasta el gobierno de Belisario Betancur y dígame quién ha hecho cárceles como las que yo estoy haciendo, con cero corrupción, cero armas y cero droga, como la de Valledupar”. Ministro Esguerra, ¿quiere seguir ese camino?
RCN RADIO
EL PORTE Y CONSUMO DE DOSIS MÍNIMA DE DROGA NO SERÍA PENALIZADO EN COLOMBIA
El senador del partido Verde, Jorge Londoño, radicó ante la secretaría general del Senado un proyecto de Ley para que el uso y el porte de la dosis mínima de droga en Colombia, no sea penalizado.
Londoño argumentó que el consumo de estupefacientes no puede ser penalizado en un Estado Democrático y de Derecho, porque se trata de un acto del libre desarrollo de la personalidad.
“La dosis personal no puede penalizarse, cuando una persona consume droga lo hace en virtud del libre desarrollo de su personalidad, es una decisión interna y el Estado no puede inmiscuirse en las acciones internas de las personas, sólo en las externas”, señaló Londoño.